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Viernes, 04 Marzo 2011 10:44

Ludopatía y políticas de salud mental

Written by Ricardo Aguilar
ludopatiaHace unos días el diputado local del PAN, Omar Pérez Ortega, integrante de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso del Estado, realizó un exhorto a la Secretaría de Salud de Nuevo León para que integre un estudio al respecto del tema y otorgue apoyos a quienes padezcan este problema según el para prevenir problemas de desintegración familiar y divorcios derivados de la adicción al juego. (http://impreso.milenio.com/node/8906388). El legislador destacó que "la ludopatía hoy en día podría considerarse un problema de salud pública en el estado de Nuevo León y es por ello que se hace necesario investigar sus alcances y al mismo tiempo ir detallando programas que se dediquen no sólo a prevenirlo, sino también a tratarlo. Esta enfermedad ha ido avanzando en Nuevo León, esta actividad de la apuesta y juegos de azar está causando grandes estragos en la sociedad actualmente y ocasiona con ello divorcios o separaciones". Pérez Ortega afirmo además que en Nuevo León los casinos que operan obtienen ganancias por 40 mil dólares anuales, y sus principales clientes son jóvenes de entre 20 y 29 años que triplican el número de adultos en quienes produce el juego compulsivo o ludopatía.

Luego en el Programa Cambios del Arquitecto Benavides proyectado en el canal 12 (http://www.telediario.mx/node/62765) el Diputado Héctor Gutiérrez, coordinador de los diputados priístas en el Congreso del Estado y ex diputado federal reforzaba la necesidad de considerarlo como un problema de salud social y sugería "aceptar realidades" en la existencia del problema de muchos casinos, algunos de ellos irregulares y refería la falta de solución a estos problemas a la inacción de la Secretaría de Gobernación porque según el era el único nivel de autoridad con legitimidad para actuar, ya que las autoridades locales sólo se limitaban a acreditar que el solicitante cuenta con la opinión favorable de la entidad federativa, ayuntamiento o autoridad delegaciónal que corresponda para la instalación del establecimiento cuyo permiso se solicita. También refería que la ley misma obligaba que una parte de los ganancias generadas en los establecimientos, independientemente de los impuestos, que correspondan al gobierno federal debieran de ser destinados a la prevención social y la asistencia dependientes de la secretaria de salud, desconociéndose a la fecha los montos y sus usos en la actualidad. El debate ha continuado centrando la necesidad de brindar atención a las personas que padecen ludopatía en el marco de la problemática social que ha representado el incremento descontrolado de los casinos y demás centros de apuestas en nuestro estado de Nuevo León.

En 1998, cuando me desempañaba como regidor presidente de la Comisión de Salud del R. Ayuntamiento de Monterrey, una y otra vez alerte sobre lo nocivo que resultaba para la salud pública y específicamente sobre la salud mental y social la ausente regulación de los denominados giros negros (cabarets, table dances, salas de masajes, antros, etc..), además de la proliferación de los comercios autorizados para la venta de alcohol y la operación de centros de apuestas en los denominados casinos sin permisos y en el marco de la generación de la corrupción visible que todos estos negocios provocaban en todos los niveles de autoridad desde el alcalde hasta los inspectores. Una anécdota proyecta esta impune corrupción característica de estos negocios: la última semana vigente de nuestro ejercicio (en octubre del 2000) fue público el ofrecimiento de cincuenta mil pesos (el equivalente a casi cuatro mil dollares), por uno de sus gestores, a cada regidor para que votáramos a favor de proporcionar el permiso de uso de suelo a uno de los conocidos establecimientos que había venido operando irregularmente, desde varios años, como casino; este permiso constituye uno de los requisitos que exige en su reglamento la Ley Federal de Juegos y Sorteos para otorgar permisos, el rechazo fue por mayoría de todos los integrantes del ayuntamiento y este centro de apuestas siguió funcionando hasta convertirse hoy en uno de los mas grandes y suntuosos de la ciudad de Monterrey. En ese entonces operaban como cinco negocios de apuestas y representaba mas un problema para las autoridades el crecimiento de los lugares donde se ejercían los juegos de loterías mexicana clandestinas, donde se efectuaban violentos operativos transgresores de los derechos humanos y civiles de los asistentes.

El hecho es que han pasado 12 años y las autoridades siguieron beneficiándose de estas fuentes de corrupción logrando enriquecimientos ilícitos, de la mayoría de los alcaldes, que llegaron a fundamentar hasta la expulsión actual de su partido del ex – alcalde Adalberto Madero Quiroga y es fecha que ningún nivel de autoridad ha logrado detener el crecimiento irregular y el funcionamiento ordenado de estos centros de apuestas. Hoy se asumen como casinos, y oficialmente son reconocidos como 29 en sus existencia ante la Secretaría de Gobernación, aunque visiblemente operan 51 centros de apuestas de este tipo en la ciudad de Monterrey y en su zona metropolitana, algunos disfrazados como centros de entretenimiento con organizaciones amafiadas y un gran poder económico que hasta les ha permitido apoyar campañas políticas. El problema se agravó cuando se expidió el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos en septiembre del 2004 por Vicente Fox Quesada y el entonces Secretario de Gobernación: Santiago Creel Miranda que facilito la regularización y el crecimiento descontrolado de los casinos y su extensión de los juegos y apuestas en la televisión, beneficiando a TELEVISA y TV AZTECA; se generó además la proliferación por todo el país de maquinas tragamonedas a pesar de su prohibición expresa en el artículo 9 de dicho reglamento que a la letra dice: "No serán objeto de autorización las máquinas tragamonedas en cualquiera de sus modalidades. Se entiende por máquina tragamonedas el artefacto, dispositivo electrónico o electromecánico, digital, interactivo o de cualquier tecnología similar, que mediante la inserción de un billete, moneda, tarjeta, banda magnética, ficha, dispositivo electrónico de pago u objeto similar, o por el pago de alguna contraprestación, está disponible para operarse y que, como resultado de dicha operación, permite al usuario del mismo obtener mediante el azar o una combinación de azar y destreza, la entrega inmediata o posterior de premios en efectivo o en especie.".

Las investigaciones sistemáticas para conocer los factores de riesgo para el desarrollo del juego patológico han aportado un dato de forma consistente en los estudios epidemiológicos que revelan que la legalización del juego es un factor de riesgo de gran importancia, hecho que ya había sido señalado hace casi dos décadas, y que ha venido comprobándose en los distintos países donde se ha ido legalizando el juego. Si bien el juego clandestino existe en mayor o menor grado en todos los países y es fuente de jugadores patológicos, la oferta social que supone la legalización, considerada por muchos autores como una forma de incrementar las arcas del estado sin aumentar los impuestos, supone al menos la duplicación en la prevalencia de la ludopatía entre adolescentes y un incremento en el número de jugadores problemáticos. Otro factor de riesgo es la participación en juegos de azar en edades tempranas, fundamentalmente en la infancia y la adolescencia o al inicio de la edad adulta, como es el caso de las "maquinitas" que proliferan sin control en las zonas suburbanas, que tienen el efecto inductor peligrosamente de la ludopatía en los niños. De todos los juegos, las máquinas tragamonedas son el juego de azar que más adictos provoca (un 75% de todos los casos de juego patológico). De hecho, los jugadores patológicos surgieron paralelamente a la expansión de este tipo de juego. Otros factores de riesgo que se han señalado son la situación laboral precaria, el alcoholismo paterno, tener padres jugadores y la existencia de ganancias en la fase inicial del trastorno como potencial factor desencadenante, o al menos coadyuvante, en la aparición del trastorno en casi la mitad de los jugadores.

Es obvio que a los gobernantes y politicos no les ha importado lo obsoleto de esta ley, las transgresiones impunes y la inherente corrupción que generan estos negocios, mucho menos las consecuencias sobre la salud mental y social de la población y algunos con un simplismo reduccionista quieren atacar sus consecuencias sin afectar los intereses mezquinos y degradantes de los transgresores a las leyes y reglamentos que intentan regular su funcionamiento en nuestra sociedad. Es cierto que sociedades mas avanzadas como España, Chile, Argentina ya tienen programas públicos especifico para la atención del ludópata, también es cierto que estas sociedades donde emergió esta problemática desde el siglo pasado cuentan con programas de salud mental soportados financiera y jurídicamente con leyes y reglamentos que no sólo han logrado una buena cobertura para la atención primaria a la salud mental sino que además hace que destaquen en la investigación e innovación en métodos de tratamiento y diagnostico de los trastornos de la salud mental. No debemos seguir siendo sólo reactivos a los problemas de salud emergentes como sucede con la ludopatía y como esta sucediendo ante el problema del alcoholismo, el tabaquismo, las adicciones, la obesidad, la violencia familiar, etc.etc., donde se invierten recursos para su atención especifica, desarticulados en la operatividad de la necesaria interdisciplinaridad e inter- institucionalidad para su abordaje que requieren los modelos de atención integral para logara la eficiencia y eficacia. Dispersamos los escasos recursos que el estado invierte y menoscabamos los esfuerzos que permitan hacer realidad la visión holística que exige el abordaje de estos problemas de salud pública, así es como luego proliferan centros de rehabilitación, como los cientos de internados y centros de atención "Nueva Vida" destinados a la atención de las adicciones en este sexenio, que no sólo son ineficientes en lograr sus objetivos, sino en ellos prevalecen las conductas transgresoras de los derechos humanos, con modelos carcelarios, sin mínimos de bienestar para sus internados, en pésimas condiciones sanitarias, lejos de la acción de la autoridad en el cumplimiento de la ley y los reglamentos que existen para regularlos en los supuestos procesos de atención medica- psicológica que brindan. Si funcionaran estos centros para la atención a las adicciones, como se debe, esa infraestructura bastaría para tratar a los ludópatas, ya que en esencia el juego patológico se adapta perfectamente al concepto de conducta adictiva y que ha quedado reflejado en la evolución de los criterios diagnósticos del juego patológico en las clasificaciones internacionales existentes para los trastornos de la salud mental conocidas por sus siglas: ICD-10 y DSM-V. Así la OMS (Organización Mundial de La Salud) como la APA (American Psychiatric Association) consideran el juego patológico junto a otros trastornos en un epígrafe general denominado «trastornos en el control de los impulsos no clasificados en otros apartados» y la mayoría de los profesionistas de la salud mental señalamos su proximidad psicopatológica con otros trastornos, como los afectivos, el espectro de los trastornos obsesivo-compulsivos y, sobre todo, con la dependencia de sustancias. Otro ejemplo de dispersión de esfuerzos y ausente interdisciplinaridad ha sido la atención a las victimas de violencia familiar, desde que el estado oriento sus políticas para atender este problema se han construido organismos que brindan atención médica-psicológica a las victimas en secretarias como la de Seguridad Publica, Procuraduría de Justicia y organismos como el DIF, desarticulados en sus operatividad del trabajo interinstitucional que deriva de los modelos de acción integral generados a partir de los programas y marcos legislativos correspondientes; el resultado es visible no sólo cada año observamos dramáticamente el incremento de sus prevalencias sino del daño visible en la salud mental y el desarrollo humano global de nuestra sociedad con sus lacras de violencia, corrupción y conductas criminales que nos agobian.

La ludopatía simplemente se esta integrando a la carga global de morbilidad que es mas grave en el grupo correspondiente de las personas de 15 a 44 años donde los trastornos mentales y del comportamiento representan cinco de las diez principales cargas de morbilidad. Dichos trastornos, entre los cuales figuran la depresión, los trastornos relacionados con consumo de alcohol, las autolesiones, la esquizofrenia y el trastorno bipolar, son tan importantes como las conductas adictivas. Es importante recordar que en los últimos sexenios, de acuerdo a los datos oficiales de la SSA e investigaciones nuestras, que en Nuevo León existe de un 25 al 30% de los habitantes que cursan con algún padecimiento mental en nuestro estado, donde los trastornos de ansiedad y depresión son los problemas más frecuentes, constituyendo el 18% de los trastornos mentales y además constituyen el 55% de los motivos de consulta en los diferentes centros de atención a la salud mental, tan sólo la depresión constituye ya una de las primeras enfermedades mas frecuente en la consulta médica; por otra parte el 17% de estos trastornos psiquiátricos prevalecientes está representado por algún trastorno del carácter o de personalidad y del 1 al 2% de la población adulta cursa con alguno de los trastornos psicóticos prevaleciendo la esquizofrenia y el trastorno bipolar. En relación a los niños el 15% padece algún trastorno mental que se manifiesta como trastorno de conducta y/o aprendizaje, 4% padecen el Trastorno por Déficit de Atención, el retardo mental afecta del 1 al 3% de la población, la epilepsia tiene una prevalencia de 3.7% en la población. Por otra parte el incremento grave en las adicciones: 6 personas de cada 100 han consumido alguna droga ilegal, más del 50% de la población adulta consume bebidas alcohólicas todos los fines de semana y de estos el 24% sufre trastornos por el abuso de alcohol y ha sido obvio la asociación del alcoholismo con el desarrollo de accidentes automovilísticos, violencia familiar, conductas delictivas y el suicidio; este último con incremento hasta de mas del 200% en los últimos decenios y la mayor parte de los que se suicidan son entre 15 y 34 años. El caso es que los suicidios, homicidios, las defunciones por accidentes automovilísticos y el alcoholismo con su repercusión en las enfermedades hepáticas constituyen las principales causas de muerte en la edad más productiva del ser humano de los 15 a los 44 años y son la principal causa de perdida de años productivos en nuestra sociedad. El problema de la violencia en el Estado se ha complicado además por el trágico incremento de la violencia social y la familiar, que en muchos casos ha terminado en verdaderas tragedias conyugales que han conmocionado a la opinión publica, tenemos el segundo lugar en prevalencia de este problema en todo el país, según estadísticas nacionales. Finalmente, existen estudios que han detectado que más del 46% de las mujeres en Nuevo León son victimas de violencia familiar, padeciendo las secuelas que afectan su salud física, mental y sexual y los consecuentes efectos en su vida familiar, laboral y social.

Ya lo hemos referido y seguiremos insistiendo lo que nos hace falta es abordar la realidad que tenemos como sociedad en relación a nuestra salud mental y social, existen múltiples estudios que nos diagnostican los problemas que estamos afrontando, donde la ludopatía es uno mas de los emergentes, lo que necesitamos es que el estado invierta ya lo necesario para la prevención y fomento de la salud mental y social; los programas de prevención y atención sobre estos ámbitos existen, algunos son muy buenos, no se opertivizan por la falta de recursos financieros y humanos y el ausente soporte jurídico en las leyes y reglamentos que se necesitan. No debemos seguir siendo reactivos y reduccionistas en la atención de los problemas de salud debemos incorporar los avances que las ciencias como la salud pública, las neurociencias, las ciencias sociales y de la conducta nos han generado para el bienestar humano, todos los políticos deberían integrar estos avances, que fácilmente pueden documentar usando adecuadamente la tecnología de la informática, además de apoyarse con los profesionistas, académicos y científicos de nuestra sociedad, para mejorar su visión y misión en el marco de las políticas públicas del estado donde finalmente todos somos perjudicados o beneficiarios de las acciones derivadas de sus planes y programas porque las repercusiones económicas y sociales de estos problemas generan una carga inmensa a toda la sociedad

Se han escrito cientos de libros sobre los fundamentos e importancia de la salud mental en el desarrollo humano integral y de las sociedades, también se han realizado múltiples resolutivos de organismos internacionales (OMS, ONU, OIT, OPS, APA ) haciendo recomendaciones a los gobiernos sobre el desarrollo de políticas sobre la salud mental y contra la violencia desde la perspectiva de la salud pública, sin provocar, lamentablemente, el interés de las autoridades responsables cuando menos de conocerlos e integrarlos a su análisis y discusión en la búsqueda de soluciones de fondo para incorporarlos a los programas correspondientes.

Con una red de servicios para la atención primaria a la salud mental que desarrollarían las actividades de prevención y fomento de la salud mental y de atención a los trastornos psiquiátricos en todas las etapas del desarrollo humano lograríamos disminuir considerablemente la carga de morbilidad generados por estas enfermedades y la sociedad insegura y violenta que hoy padecemos; y sin duda prevalecerían más comportamientos saludables que mejoraran nuestro bienestar y nuestra salud no sólo en el aspecto físico, sino también en lo emocional, psíquico y social. Las políticas y la legislación sanitarias progresistas reconocen que la salud mental es un elemento esencial de la salud general, superan los problemas de marginación de la salud mental y fomentan su integración en el sector de la salud general en los niveles administrativo, jurídico, de gestión y de prestación de servicios.