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Martes, 14 Junio 2011 20:44

UANL: 40 años de autonomía universitaria

Written by Ricardo Aguilar
aut 6En los sesentas, los sectores sociales más conservadores de Monterrey continuaban sus campañas anticomunistas asumiendo posturas iracundas contra las decisiones políticas progresistas, que se venían tomando desde el gobierno federal del presidente Lázaro Cárdenas, en los diferentes ámbitos económicos, sociales, políticos y culturales de nuestro país.

Fue a principios de los sesentas, en febrero de 1962, cuando estos sectores radicalizaron sus ataques, en Nuevo león, contra la política implementada por el régimen sobre los libros de texto gratuito, llegando a manifestarse multitudinariamente y arremeter contra el gobernador Eduardo Livas Villarreal, sus principales funcionarios, contra los estudiantes y maestros de la Universidad de Nuevo León por las posturas progresistas impregnadas de humanismo que sobre la educación pública se defendían. Eran los tiempos donde sus instrumentos: el Movimiento Familiar Cristiano, La Cruzada Regional Anticomunista, La Unión Nacional de Padres de Familia, El Frente Pro Dignidad Universitaria y los Periódicos del Sol y el Norte usaban todo su poder, derivado del apoyo de la Oligarquía Nuevoleonesa, para en el nombre de dios acabar contra todo lo que representaba ideas comunistas. Fue en este año que lograron la renuncia del rector, José Alvarado Santos, después de usar sistemáticamente la mentira y la calumnia, por su indeclinable postura ideológica humanista a favor de la educación universitaria.

Eran los tiempos cuando se iniciaban los movimientos estudiantiles con sentido progresista y contenidos políticos ideológicos dirigidos a defender y promover la libertad y la democracia, oponiéndose a los comportamientos autoritarios y a toda forma de imposición que trascendían a sus tradicionales demandas materiales, iniciando discursos demandantes de mejorar la función de la universidad y proponiendo reformas académicas que permitiera la mejor formación de los estudiantes.

La protesta estudiantil crecía ante los discursos oficiales de los funcionarios universitarios, del gobierno y de la iniciativa privada, dirigidos a limitar el libre ingreso a las universidades públicas por los problemas financieros que se tenían al aumentar la demanda estudiantil. Los discursos que enarbolaban eran proyectos aristocratizantes y elitistas de la educación universitaria que en Nuevo León fueron retomados por Eduardo Elizondo, representante de empresarios, quien fungía como tesorero del gobierno y que siendo designado rector de la UNL en 1965, empieza a proponer mecanismos administrativos que incluían la posibilidad de limitar más el acceso de estudiantes y el incremento de cuotas estudiantiles; propuestas que luego como gobernador en 1968 hace realidad al proponer formalmente el aumento de las cuotas en la universidad y un sistema de préstamos para los estudiantes que no pudieran pagar; su "Anteproyecto de ley que crea el Instituto de Prestamos para la Educación Superior", acompañado de un reglamento cuyo fin era concretar el aumento de las cuotas de los estudiantes, anular la educación gratuita y experimentar con un sistema corporativo que se encargara de centralizar el manejo financiero de la UNL y usurpar la función rectora de la universidad pública al proponer la integración de un consejo que estaría integrado por 11 personas que incluía al rector, nombrado por el gobernador, al igual que el secretario de educación, representante del gobernador; dos representantes campesinos, dos sindicales, dos de un consejo estatal de la ciudadanía formado para el efecto; este documento fue mas conocido como el "Plan Elizondo".

Las protestas y la movilización de los estudiantes iniciaban las primeras manifestaciones estudiantiles apoyadas por la mayoría del pueblo, a pesar de los intentos de manipulación y desvirtuación del movimiento como pro-comunista y el manejo mediático, hicieron retroceder al gobierno de Elizondo, quienes no dejaban de insistir en sus mentiras de que con sus propuestas lograrían la autonomía económica de la universidad cuando cínicamente el gobernador seguía reservándose la facultad de designar el rector y el citado instituto adquiría el rango de una empresa descentralizada con el claro intento de privatizar la UNL. El apoyo de la derecha conservadora, sus cúpulas empresariales y los membretes anticomunistas se dio con todo a favor del plan Elizondo.

Por otra parte, el Consejo Estudiantil Universitario al rechazar unánimemente este plan propuso: el aumento de cupo en las preparatorias de la universidad, el pase automático de todos los egresados de las prepas a las facultades y la elevación del presupuesto de la universidad. Se suma al rechazo de este plan el consejo universitario proponiendo la elaboración de un proyecto de reforma a la ley orgánica de la universidad que posibilite el voto unitario de los estudiantes en el consejo universitario.

Es en este mismo periodo, cuando los estudiantes neoleoneses nos incorporamos a las manifestaciones y reivindicaciones universitarias que se enarbolaban en el movimiento estudiantil de 1968, cuando el 18 de septiembre diez mil soldados invadían ciudad universitaria del DF. Los universitarios nuevoleoneses no sólo publicamos desplegados de apoyo, hacíamos mítines, manifestaciones, en nuestra ciudad con miles de asistentes apoyando el movimiento estudiantil, que finaliza trágicamente con la matanza de estudiantes en Tlatelolco por el ejército el dos de octubre; la represión atroz contra el activismo estudiantil con detenciones ilegales, secuestros y privación ilegal de la libertad en cárceles clandestinas, fue fomentada por el régimen incrementando la guerra sucia, esto provoca que algunos compañeros activistas se integren a la lucha guerrillera como única alternativa para lograr la liberación nacional y el cambio revolucionario del régimen dictatorial priísta prevaleciente.

El movimiento estudiantil de Nuevo León, entró en reflujo y a los tradicionales intereses de lucha -por mejores laboratorios, bibliotecas, edificios y equipamientos, abrir las puertas de la universidad al pueblo y reducir las cuotas- se sumaron las demandas de democracia, la justicia y la libertad plena de los mexicanos. En este contexto, las principales fuerzas políticas de los estudiantes en al UNL como la Juventud Comunista, El grupo Espartaco, la Obra Cultural Universitaria y el sector Liberal Prìista, iniciaron la reorganización del movimiento proyectando al estudiantado como sector político y social especifico en la lucha contra el régimen autoritario. Lograr la democratización de la universidad se convertiría en la tarea fundamental del movimiento universitario para lo cual se debía lograr la autonomía universitaria no sólo administrativa, que determinara su autoridad y dirección de por sí sin injerencia del gobierno, sino además la académica que permitiera la libre determinación de los planes y programas de estudios y la orgánica en cuanto que tenga la libertad de darse las leyes y reglamentos que considere pertinentes para sus fines y el respeto al recinto universitario como institución científica y cultural.

1969 transcurre la universidad con problemas financieros con un déficit financiero importante; comportamientos autoritarios antidemocráticos de las autoridades; graves limitaciones de cupo en las escuelas y facultades; exigencias de reformas a los planes de estudios y demandas de construcción de algunos edificios; tomas de rectoría como mecanismo de presión a las autoridades universitarias; exigencia de cambios administrativos en algunas escuelas; y lo más importante, comienza a gestarse durante el mes de octubre, el movimiento por la autonomía de la Universidad de Nuevo León al iniciarse protestas de alumnos de diversas facultades como Ciencias Físico Matemáticas, Filosofía y Letras, Odontología, Ciencias Químicas y Medicina, entre otras, que exigían, además, la renuncia de sus directores. En el curso de plenos estudiantiles celebrados en el colegio civil y el Álvaro Obregón empieza a plantearse la destitución del rector Héctor Fernández González.

Ante la inestabilidad creciente de la vida universitaria y la incapacidad de las autoridades universitarias para lograr el funcionamiento académico y administrativo en paz de su alma mater, el entonces Gobernador Eduardo A. Elizondo turna al Congreso del estado una iniciativa de decreto para reformar la ley orgánica de la Universidad de Nuevo León, en la que se concede al Consejo universitario la facultad de designar al Rector, cuyo nombramiento dependía del gobernador en turno, y se concedía que los directores fuesen electos por las juntas directivas de las escuelas. Inicia así, una supuesta propuesta de autonomía de los universitarios para nombrar sus autoridades en el marco de un proceso democrático representativo cuya novedad, en este proyecto, era la integración de una asamblea universitaria, compuesta por tres representantes maestros y tres representantes alumnos de cada escuela que fungiría como autoridad máxima de la Universidad de Nuevo León. Se asentaba también que las juntas directivas de cada escuela se compondrían por los maestros y un número igual a 50 por ciento de aquellos.

Esta etapa de nuestra lucha por la autonomía concluiría el mes de diciembre con la elección del Dr. Oliverio Tijerina Torres, por primera ocasión, por los estudiantes y profesores integrantes del Consejo Universitario, después de una jornada de mítines, plantones, paros estudiantiles, una huelga general, manifestaciones y la embestida reaccionaria de los grupos conservadores anticomunistas integrados en su membrete Frente Pro Dignidad Universitaria, que les servía de parapeto en su búsqueda de apoyo de la comunidad estudiantil y magisterial, denigrando facciosamente como una intención de los comunistas de apoderase de la universidades, el conservadurismo había sido derrotado, iniciándose el desarrollo de un proceso democrático progresista en el seno del Consejo universitario que logra el Consenso para publicar un desplegado a favor de los detenidos a causa del movimiento estudiantil del 2 de octubre del 68, se mostraba la solidaridad. La ira de la posición oficial del gobierno y de la oligarquía gobernante no se hicieron esperar: sus denuncias perseverantes anticomunistas, las actitudes de servilismo y apoyo a los autoridades del gobierno priísta con quienes en coalición incrementan sus actividades para desestabilizar la vida universitaria.

En el marco de este proceso desestabilizador de la universidad, durante el año de 1970, se realizaron acciones porriles: por ejemplo, la toma de las instalaciones de rectoría, desacato de acuerdos del consejo universitario, la promoción de actos violentos en las instalaciones universitarias, obstaculización de consensos para lograr una ley orgánica universitaria dotada de un amplio contenido democrático; y el más grave, retención de los subsidios federales por más de ocho meses que afectó gravemente el equipamiento de las escuelas, nuevas construcciones de aulas, bibliotecas y el proceso administrativo. Ante los ataques, amenazas, insultos y denuestos reiterados, principalmente por un grupo de huelguistas de la facultad de leyes, el Dr. Oliverio presenta su renuncia ante el consejo universitario 13 meses después: en enero de 1971.

Por lo tanto, 1971, con el Lic. Manir González Martos como rector en funciones, el consejo Universitario se pronuncia contra la violencia, la conducta injuriosa y el desorden que fomentaban los estudiantes huelguistas de la facultad de Leyes y, posteriormente, divulga manifiestos sobre los ideales democráticos y la visión de la universidad a la que se aspira. Inicia así, nuevamente, un periodo renovado de esperanzas para lograr al autonomía plena de la universidad con una democracia ejercida sin condiciones en el seno de sus estructuras de gobierno, que permitieran crear condiciones para lograr plenamente los objetivos académicos, culturales, técnicos, científicos y humanistas en nuestra sociedad.

Conforme al nuevo marco legal para la elección de las autoridades de la Universidad de Nuevo León, el Consejo Universitario convoca a elecciones en el ejercicio de la autonomía lograda; proceso que lleva al registro de un solo candidato, consensuado por la mayoría de las fuerzas progresistas de los estudiantes y maestros: el Ing. Héctor Ulises Leal Flores, quien se venia desempeñando como director de la facultad de Ingeniería Civil. Siendo el único candidato, es elegido como rector el 20 de febrero de 1971, a pesar de los comportamientos calumniosos iracundos de los grupos conservadores, que los organismos de gobierno, empresariales y de la iglesia no dejaban de lanzar a través de sus instrumentos mediáticos como el periódico el norte y la radio y televisión local. A pesar de todo su poder, habían recibido un revés político que les llevaría a reorganizarse estratégicamente para continuar su embestida en su lucha contra la presunta infiltración comunista que enfermizamente combatían.

La lucha por lograr la autonomía plena continuaría con la exigencia de que el gobierno estatal, a través del órgano legislativo del Congreso del estado, aprobara una nueva Ley Orgánica de la Universidad que de conformidad con los acuerdos políticos y jurídicos establecidos con el gobernador Elizondo y el congreso, desde noviembre de 1969 había iniciado a elaborarse por una comisión de estudiantes y maestros de la universidad, quienes después de un proceso de auscultación de los universitarios, a través de reuniones plenarias abiertas y procesadas democráticamente, lograrían consensos que permitieron concretar su redacción y aprobación en el seno del consejo universitario, siendo enviada al Congreso del estado para su aprobación. Destinada a fortalecer la autonomía académica, administrativa y orgánica e incidir en la libertad y los procesos democráticos, en el funcionamiento de las escuelas y facultades, sería bárbaramente combatida con todo el poder de la oligarquía conservadora de nuestro estado; vendrían meses aciagos de lucha que unirían a la mayoría de los universitarios exigiendo la aprobación de esta nueva ley orgánica; estudiantes, maestros, el STUANL, el consejo universitario, el movimiento sindical democrático, los normalistas y sectores progresistas de nuestro estado nos unificarían en la lucha por la consolidación de la autonomía y en defensa de la universidad pública.

El régimen autoritario gobernante respondió con mayor represión, reteniendo subsidios y apoyos, continuando con su campaña de calumnias y difamación en los medios, que en conjunto se sometían servilmente temerosos de perder sus prebendas y canonjías, que para algunos eran el fundamento de su existencia. En el marco de la crisis financiera que el Estado provocaba en la universidad, el gobierno y sus testaferros de la derecha fomentan sus tesis elitistas de la educación pública, retomando su propuesta central: "Los estudiantes deben pagar la educación que reciben". La comunidad universitaria responde manifestándose con la exigencia de la regularización del subsidio económico y la aprobación del proyecto de ley orgánica presentado por la UANL, que garantizaría la autonomía plena de la vida universitaria.

En el clímax de su comportamiento facistoide, el gobernador Eduardo A, Elizondo emite un decreto de Ley orgánica de la Universidad Autónoma de Nuevo león, haciendo a un lado la propuesta de ley elaborada por los universitarios. En esta ley se establece como máximo órgano de gobierno una Asamblea Popular de gobierno universitario, por encima del Consejo universitario; así cancela la autonomía de la universidad suscrita 15 meses atrás por él mismo, la cual estaría conformada en su inmensa mayoría por representantes de diversos organismos sociales totalmente ajenos al quehacer de la universidad; de sus 37 integrantes sólo 3 profesores y 3 estudiantes son de la universidad: no obstante esto, la Asamblea Popular es la encargada de designar al rector y los directores y de resolver los conflictos entre el rector y el consejo universitario, y para fortalecer sus intenciones facistoides designa inmediatamente como rector a un coronel, de profesión médico: Arnulfo Treviño Garza. Páginas completas desbordaban los periódicos locales con sus titulares: Gobiernan la Universidad, haciéndose eco todos los medios de difusión, dando por hecho que esta influencia mediática y el apoyo de las organizaciones sindicales charras como la CTM, la CROC , FESTE, Sindicato de maestros, Sindicato del IMSS, membretes de organizaciones de profesionistas y empresarios de la industria y comercio, nos sometería a la aceptación de la imposición autoritaria de dicha ley y del nuevo rector, así como de los actos derivados de ella.

En respuesta, la mayoría de los universitarios nos uniríamos. Encabezados por el Consejo universitario y el rector Héctor Ulises Leal Flores, iniciaríamos una huelga general y nos manifestaríamos por el repudio a esa ley orgánica del gobernador Elizondo, exhortando a no aceptar ningún nombramiento expedido por las autoridades espurias; con ello se inicia la resistencia activa en defensa de la autonomía universitaria, sumándose el STUANL, otras organizaciones sindicales combativas como ferrocarrileros, electricistas y telefonistas, detonándose un movimiento social en defensa de la autonomía y de nuestra universidad, donde la organización estudiantil a través de los comités de lucha, aparecía como estrategia de organización ante sociedades de alumnos neutralizadas y menoscabadas en sus capacidades combativas por las autoridades espurias. Así, unidos nos manifestábamos multitudinariamente en la plaza de Colegio Civil, frente a Palacio de gobierno, tomábamos las calles, hacíamos brigadas de información permanente al pueblo; hacíamos brigadas de pintas en bardas y espacios públicos con nuestras demandas; nos instalamos en plantones permanentes; tomamos rectoría para evitar que las autoridades espurias se instalaran; y se combatió a los maestros esquiroles que con apoyo del gobierno y de sus aparatos represores que con sus policías (granaderos) llegaban hasta la toma de escuelas combativas como la nuestra, la Prepa 8, como ultima estrategia para acabar con la resistencia que lo único que hacia era multiplicar nuestra combatividad e indignación hacía los fascistas y sus testaferros.

A pesar de la violencia organizada contra la universidad y la ocupación policíaca de la rectoría y la mayor parte de las escuelas y facultades más combativas, el conflicto universitario se agudizaba. El rector espurio nunca pudo instalarse y ejercer funciones, mientras el Ing. Ulises, el consejo universitario y las autoridades universitarias, continuaban estoicamente intentando funcionar conforme a las circunstancias. El gobierno federal interviene comisionando al Secretario de Educación Pública, Víctor Bravo Ahuja, para coadyuvar en la solución del conflicto universitario, provocado por la ley orgánica del gobernador Elizondo; se designa una comisión de ex rectores encabezado por el Lic. Alfonso Rangel Guerra para que elaboren una propuesta de Ley orgánica partiendo de la revisión y análisis de la ley rechazada y de los proyectos elaborados por los universitarios. En Junio 4 dicha comisión entrega al presidente del Congreso Estatal un nuevo proyecto de ley orgánica, el cual es enviado al gobernador Elizondo para su publicación quien se niega a dejar un lado su propuesta de ley y prefiere renunciar al cargo de gobernador por lo cual presenta su renuncia ante el congreso, en un hecho inédito e histórico de nuestro estado.

El 5 junio es designado el Lic. Luís M. Farias gobernador sustituto de Nuevo León por el Congreso del Estado; ese mismo día renuncia el rector espurio, Arnulfo Treviño Garza, y para el siguiente día este gobernador pública la que sería la cuarta ley orgánica de la UANL que en esencia se asemejaba a la de la UNAM y aunque contiene el principio de autonomía, ésta es restringida por la existencia de una Junta De Gobierno, cuyas atribuciones principales son designar el rector, a los directores y a los miembros de la Comisión de Hacienda, organismo que consideraríamos profundamente antidemocrático y que atentaba contra la autonomía universitaria. La lucha seguía y en este contexto los estudiantes de la UNAM y el IPN convocan a una manifestación en la ciudad de México el 10 de junio para mostrar su apoyo y solidaridad con nuestro movimiento estudiantil, que una semana antes les habíamos solicitado, donde lamentablemente sufren una represión sangrienta por un grupo paramilitar conocido como los Halcones, estando Alfonso Martínez Domínguez como regente del Distrito Federal quien fue el responsable genocida de este hecho brutal en la historia de México del siglo pasado.

Reprimido y desgastado el movimiento estudiantil, en periodo de exámenes finales y con una profunda división de los diferentes grupos progresistas y comunistas al interior de la universidad por la aceptación de la nueva ley orgánica, se estructura la junta de gobierno y actúa por primera vez: nombra Rector, nuevamente al Ing. Héctor Ulises Leal Flores, y continua de secretario general el Lic. Manir González Martos; se retoman los asuntos pendientes por el Consejo Universitario, procediendo a iniciarse las inscripciones en el mes de agosto para el ciclo escolar a iniciarse en septiembre. Es en este mes cuando el Consejo Universitario aprueba la Reforma Académica, convocándose a los cuerpos docentes para su participación, iniciando un debate que afectaría la unidad del movimiento por la posición de los militantes del partido comunista, quienes consideraban este reformismo al servicio del gobierno. Inicia así una alianza vergonzosa con la ultraderecha, que posteriormente les daría buenos dividendos en prebendas y puestos públicos en las escuelas y facultades donde militaban.

En este mismo mes, el Consejo universitario toma otro acuerdo trascendente para la vida democrática participativa al disponer la composición paritaria de las juntas directivas de las escuelas, es decir, el mismo número de representantes alumnos y maestros deberán constituir ese órgano máximo directivo. Se acuerda el "pase automático" que permite el ingreso a facultad de todos los alumnos egresados de la preparatoria de la universidad, suprimiendo el examen de selección que obstaculizaba el ingreso de los egresados de bachilleres. Así se iniciaba la lucha contra el elitismo que prevalecía en el ingreso a facultades como la de medicina. La reacción de los conservadores no se hizo esperar y calificaron nuevamente de lamentable este acuerdo, ya que según ellos iría en detrimento de lo académico, provocaría más problemas económicos y bajaría la calidad de los profesionistas egresados. La facultad de medicina, dirigida por el Dr. Marco Antonio Ugartechea, se opone a este acuerdo, Pase Automático, del consejo universitario. Otro miembro de este grupo médico, Alfredo Piñeyro, entonces integrante de la junta de gobierno, solicita la renuncia del rector a la que se suman maestros de la prepa 1, 3 y 9, militantes del PC , sumándose días después las facultades de medicina y mecánica.

Así, las autoridades de Medicina no permiten ni siquiera iniciar tramites de solicitud de ingreso, argumentando falta de recursos administrativos y de apoyo académico como los laboratorios. Rectoría hace un estudio sobre este argumento demostrando que las autoridades de esa facultad sólo estaban usando menos de 30 por ciento de la capacidad horas aulas y uso de laboratorio, demostrándoles que pueden dar cabida a los estudiantes de nuevo ingreso.

El departamento escolar y de archivo, inicia el proceso de inscripción, inscribiéndose 730 alumnos, que ante la negativa a ser admitidos por la Facultad de Medicina, el Consejo Universitario y las autoridades aprueban el inicio de labores de nuestra escuela, que a partir del 13 de octubre es denominada como "Aulas Anexas" de la Facultad de Medicina.

El movimiento universitario, después de lograr la autonomía de la universidad de Nuevo León, se dirigiría a lograr su fortalecimiento a través de la lucha por su democratización en la elección de las autoridades internas, evitando el uso partidista que convertía a los puestos directivos en trampolín político para acceder a los gobiernos del régimen priísta dominante. También había que acabar con el elitismo que impedía el acceso de los hijos de obreros y campesinos a la educación pública universitaria y, de la misma forma, combatir esta orientación reduccionista y elitista en la formación y función profesional que derivaba de planes y programas de estudios desfasados de las necesidades del pueblo y, por lo tanto, de los fines de la universidad que en ese momento se planteaban no sólo en nuestro país sino en todo el mundo occidental, y que fue duramente cuestionado en los sesentas por el histórico movimiento estudiantil iniciado en Francia.

La autonomía que se había logrado parcialmente por la imposición de una Junta de Gobierno, había que seguir construyéndose mediante un proceso democrático participativo, que permitiera su consolidación; proceso que estaría obstaculizado permanentemente por la derecha y los grupos oportunistas que enarbolando posturas ideológicas "revolucionarias" de izquierda harían alianzas repugnantes demostrando históricamente su beneficio a la consolidación de la derecha en la universidad con su triste realidad actual.

Así, a quienes nos quedaba claro la necesidad de fortalecer la autonomía de la universidad e impulsar la reforma académica, fuimos objeto de una campaña de calumnias y ataques políticos, acusándonos de reformistas y estar al servicio del régimen nefasto del echeverrismo que pretendía conciliarse con los universitarios del país después de sus actos criminales represivos contra el movimiento estudiantil del 68. Nos convertíamos así en el blanco favorito de los presuntos militantes revolucionarios de la izquierda radical y de la derecha ultraconservadora que supo aprovechar la coyuntura para instrumentar sus estrategias con gran eficacia y eficiencia política hasta lograr la universidad que deseaban, donde sus estrategias políticas de control para lograr la paz universitaria prevalecen desde la permanente cooptación de activistas, dirigentes e intelectuales de la izquierda, a cambio de su pasiva sumisión acrítica, y la generación de los múltiples comportamientos represivos contra todo universitario opositor, que no se sujete a sus designios y/o mecanismos de control, que han ido desde expulsiones y cese de estudiantes y trabajadores académicos y administrativos, hasta la marginación, exclusión, el acoso permanente, convirtiéndose en normal la violación de los derechos humanos y laborales más elementales que padecen los universitarios que intentan rebelarse buscando ser libres y democráticos.

Desde entonces la Universidad Autónoma de Nuevo León se ha caracterizado por funcionar sin democracia, libertad interna y transparencia, no sólo en los procesos de selección de sus funcionarios (rectores, directores, consejeros, etc,), sino además, en la construcción de sus programas académicos, cientificos, culturales y administrativos, devaluando su contribución al desarrollo social en los diferentes ámbitos educativos, económicos, políticos, culturales, asistenciales, científicos y tecnológicos de nuestro estado y país.

El resultado ha sido la imposición de rectores por el gobernador en turno, en contubernio con la junta de gobierno, quien se encarga de simular procesos democráticos eleccionarios, decidiendo finalmente su nombramiento, así como de los directores de las diversas dependencias universitarias, conforme a los designios del rector en funciones; y para el colmo, la elección del secretario general del STUANL no ha estado exenta de imposiciones y la simulación democrática y libertaria de sus autoridades.

Como consecuencia han prevalecido los grupos de poder, que en sus diferentes dependencias se han convertido en verdaderos caciques con visiones patrimonialistas reproduciendo comportamientos antidemocráticos y represivos permanentes en aras de mantener sus prebendas.

En el contexto del desarrollo político, social y democrático del país, la universidad no debe estar al margen de la construcción de una sociedad plenamente desarrollada, libre, democrática, humanista, justa, con equidad y sin ningún tipo de explotación, ni discriminación que la izquierda persevera en alcanzar, por lo que es necesario acciones unitarias que permitan lograr que nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León se caracterice por:

ü Lograr su plena autonomía del gobierno y del poder ejecutivo en turno sigue siendo la principal demanda, ningún funcionario público debe participar en los procesos internos democráticos y sólo los universitarios deberán decidir en la elección de sus autoridades. La autonomía universitaria y la libertad de cátedra e investigación deben ser los ejes fundamentales de su funcionamiento.

ü Ser una institución donde la libertad, la democracia y la transparencia sean la base de los cimientos de su funcionamiento académico, científico, cultural y administrativo; democratizar todas las relaciones de la comunidad universitaria y de sus órganos de gobierno y reconocer a las y los estudiantes como los sujetos del proceso educativo, y a las y los académicos, como los ejes culturales y organizadores de ese proceso; respetar la pluralidad ideológica de los maestros, alumnos, personal administrativo y el resto de los integrantes de la comunidad universitaria.

ü Ser una universidad abierta para el pueblo, sobre todo a las clases sociales más desprotegidas, los hijos de los obreros, empleados y campesinos, que acabe con mecanismos de selección cuestionables y simulados que sólo han contribuido a la miseria de nuestra sociedad cerrando las puertas a miles de jóvenes.

ü Ser una institución con excelencia académica, lo cual no sólo se logra con más títulos nobiliarios de postgrado, de los recursos humanos o los recursos, ostentosos e inalcanzables, materiales y económicos de los modelos neoliberales y sus certificaciones ISOS. Cuando se es libre, la mística de servicio es el detonante más importante de la calidad y productividad en las tareas universitarias.

ü Ser una universidad vinculada permanentemente con la sociedad no sólo a través del servicio social obligatorio de los alumnos, sino con la participación permanente de todos en la solución de sus problemas sociales con posturas críticas y propositivas que logren trascender en el desarrollo de nuestra sociedad.

ü Ser una universidad para la vida debe significar la formación de un alumno no sólo capaz y generador de su propio aprendizaje, sino lograr y generar la libertad plena para sí y para los demás, dejando atrás conformismos alienantes que sólo sirven para obstaculizar el desarrollo social.

ü Ser una universidad donde los salarios y prestaciones del personal docente, administrativo y de investigación, sirvan para recuperar su dignidad y prestigio y detener la pérdida de recursos humanos calificados.

Nuestra universidad sigue carente de las riquezas que la autonomía con su libertad y la democracia plena en su seno provocarían para lograr la anhelada calidad educativa y los objetivos sociales, académicos, científicos y culturales correspondientes, que trasciendan para el desarrollo social y humanista de los nuevoleoneses; por lo que sigue siendo vigente la demanda de acción unitaria de la izquierda para dignificarse a si misma, reivindicándose de los errores ignominiosos de su pasado en la lucha por esta autonomía.

(Imagen tomada de Internet / Derechos reservados por el autor)